Todos somos conscientes de que transitamos tiempos muy difíciles. El Coronavirus ya ha cobrado con más de 100 mil víctimas fatales a nivel mundial y la cifra de contagios se cuenta por millones. Argentina, por el momento, va mostrando buenos resultados. El gobierno nacional ha tomado medidas apropiadas que, en tanto que oposición responsable y comprometida, apoyamos y cumplimos.
El derecho de las mujeres, niñas y niños a vivir una vida libre de violencia es un principio fundamental de nuestra Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, con deberes jurídicos relativos a la erradicación de la violencia y de la discriminación.
Colaborar con el gobierno no es sinónimo de llamarse al silencio. Por el contrario, estamos convencidos de que el rol de la oposición es de continuar interpelando a las autoridades y observando que la emergencia no se cobre también como víctima la seguridad jurídica, la institucionalidad y el respeto por la Constitución Nacional y de los tratados internacionales.
La lucha por salvar vidas y frenar el avance de la pandemia del COVID19 debe tener lugar dentro del marco de la ley y el respeto no sólo por las normas, sino también hacia todos los individuos, en especial, las personas más vulnerables, siempre tomando en cuenta la perspectiva de género. La excepcionalidad del Coronavirus no puede justificar ningún tipo de inseguridad jurídica ni vulnerar la integridad de ninguna persona, de ninguna mujer, de ningún adolescente, de ningún niño ni niña. Es deber del gobierno cuidar la salud de la población respetando la democracia, preservando la transparencia del funcionamiento del Estado y sin saltarse las reglas para “cortar camino”.
En este sentido, Banquemos expresa su preocupación respecto de una serie de medidas que, dentro del marco de la emergencia sanitaria, podrían tener efectos contrarios al espíritu de la ley y vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, a la vida y a la integridad personal de mujeres, niños y adolescentes, entre las cuales:
1) Excarcelaciones masivas autorizadas por la Justicia penal de la provincia de Buenos Aires.
2) Autorización del Tribunal de Casación Penal a los internos de las cárceles a utilizar teléfonos celulares y computadoras para comunicarse con sus familias mientras dure la cuarentena.
3) Limitaciones a la libre circulación dentro del territorio nacional y para los argentinos y residentes argentinos en el exterior que desean reingresar al país.
En este momento tan difícil y crítico, la necesidad de responder a las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la crisis actual para las mujeres, niños y niñas es fundamental.
Recientemente la ONU alertó acerca del alza en la pobreza de las mujeres y de violencias con motivos de género a raíz de las medidas de emergencia implementadas para enfrentar la pandemia del COVID-19.
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672
Esto incluye un aumento de la carga de trabajo doméstico para las mujeres, el riesgo de un aumento de los niveles de violencia familiar y violencias con motivos de género, limitaciones de acceso a un ingreso y debilitamiento de la economía familiar sobre todo en hogares monoparentales (60% de las mujeres en el mundo trabajan en la economía informal) y una disminución de la capacidad de respuesta por parte de los organismos del estado y organizaciones de la sociedad civil en casos de violencias con motivos de género.
Para las mujeres y niños la violencia familiar o violencias con motivos de género puede ser un riesgo mucho más cercano y dramático que el Coronavirus. El confinamiento en hogares con antecedentes de abusos físicos y psicológicos puede empeorar, como lo muestran las cifras proporcionadas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires el primer día de la cuarentena obligatoria, que detectó un pico en las denuncias con indicadores de violencia de género y violencia doméstica.
De la misma forma, la imposibilidad de circular libremente o de reingresar al país puede poner en riesgo la integridad física y psicológica de mujeres, adolescentes, niños y niñas, ya sea por poner en peligro su salud, ya sea por poner en peligro la salud de menores y de adultos mayores a su cargo, ya sea por dificultar la capacidad de realizar denuncias o por no poder escapar al ciclo del maltrato y de la violencia.
El gobierno debe hoy más que nunca proteger a los más vulnerables y a las víctimas de violencia doméstica y de género. Por esta razón es necesario:
a) La reapertura inmediata de las sesiones del Congreso Nacional;
b) Continuar a velar por el cumplimiento de las restricciones de acercamiento perimetral;
c) Supervisar de manera efectiva el uso de teléfonos celulares y computadoras en cárceles;
d) Implementar protocolos nacionales de seguimiento y acompañamiento de víctimas de violencia doméstica durante la crisis de la pandemia, para asegurara su seguridad y las de sus familiares, incluso para aquellas familias de excarcelados;
e) La revisión de las limitaciones a la circulación tanto a nivel nacional como para todos los argentinos y argentinas y residentes que están en el exterior y que deseen regresar al país y
d) Incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en el centro de la respuesta y en la toma de decisiones a alto nivel.
Debemos hacer todo los posible para que el COVID19 no vulnere aún más a los ya vulnerables. La emergencia es hoy.
Albertina Piterbarg
Experta en Elecciones y Participación Política Femenina para las Naciones Unidas
Coordinadora equipo Genero y Diversidad de Banquemos